Dos articles sobre la màfia i els bancs

Recordem que avui dia 28 d’abril els responsables de les caixes catalanes s’han negat a presentar-se al Parlament català, a on han enviat al seus segons. Tampoc han volgut explicar quins plans tenen per no fer fallida, tot i que avui havien de presentar aquests plans  al Banc d’Espanya i que se sap que vàries han de demanar centenars de milions de diners públics al FROB.  Un polític de Ciutadans ha  recordat a Xavier Segura  de Catalunya Caixa que  els directius es van emportar la meitat del que va guanyar l’entitat al 2010 , a la qual cosa el senyor banquer va respondre que “aquestes retribucions estan per sota de la mitjana del sector”.

http://www.elpais.com/articulo/economia/cajas/catalanas/ocultan/planes/Parlamento/autonomo/elpepueco/20110428elpepieco_6/Tes

Crímenes económicos contra la humanidad

LOURDES BENERÍA / CARMEN SARASÚA 29/03/2011

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.  Solo Islandia persiguió penalmente a los responsables de la crisis y dejó que sus bancos se hundieran Los Gobiernos protegen a quienes han provocado la crisis. Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su “teoría del crimen” a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.

En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día. En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título “Wall Street’s economic crimes against humanity”, Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra “la banalidad del mal” y el “narcisismo institucionalizado” en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la “distancia emocional” con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron. Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.

La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin “responsables”.

En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de “riqueza familiar” han “desaparecido” al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza. En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran. De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de “crimen económico” se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

————Segon article

Entrevista con Wolfgang Hetzer, director de inteligencia de la agencia anticorrupción europea

“La destrucción ilícita de capital ajeno debería ser delito”

Economía | 01/04/2011 – 15:21h

En 1999 la Unión Europea creó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el organismo independiente con sede en Bruselas encargado de la lucha contra la corrupción y otras actividades adversas a los intereses financieros de la Comunidad. El alemán Wolfgang Hetzer, desde 2002 director del departamento de Inteligencia y Análisis de esa organización, acaba de publicar un interesante libro que lleva por título Finanzmafia en el que se pregunta, “cómo es posible que delincuentes y banqueros resulten impunes”.

El libro es un genuino producto de la “Alemania enfadada”. En el país hay un considerable número de profesionales, incluidos algunos con cargos de responsabilidad institucional, que, con independencia de su tendencia política e idiosincrasia, no se conforman con los espectáculos y abusos que la crisis financiera ha puesto en evidencia. El resultado es que el debate sobre las responsabilidades penales de la banca y sobre las consecuencias que los legisladores deberían extraer de la crisis, es mucho menos tabú que en otros países. Hay un debate jurídico –incluso una sentencia del Tribunal Supremo relacionada-, y en los medios de comunicación se habla algo de ello. Ese es el contexto del libro de Hetzer.

El autor considera que “la crisis financiera no es un simple fallo del sistema”, sino que “ha sido causada por un comportamiento masivo y objetivamente delictivo de personas responsables del sector bancario, apoyadas por entidades estatales muy negligentes”. En la mayoría de los países, “los políticos no se han dado cuenta en absoluto de lo que ha pasado”, dice. Los medios de comunicación, “también han dado la impresión de que ocurrió algo imprevisible e incontrolable”, señala, pero esa visión, “no sólo es engañosa y equivocada, sino que posiblemente es resultado de una hábil política informativa por parte de quienes tienen el poder”, explica.

Wolfgang Hetzer responde a las preguntas de La Vanguardia, no como funcionario de OLAF, sino en calidad de autor del mencionado libro que acaba de publicar.

RELACIÓN ENTRE INDUSTRIA FINANCIERA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

¿Cual es el vínculo entre industria financiera y delincuencia organizada? ¿Donde está esa “intersección funcional” que menciona usted en su libro?
Es un tema complejo. La delincuencia organizada se define según factores culturales, nacionales, económicos o históricos muy variados. Hay factores comunes, como la dedicación total al lucro, la creación de una red efectiva de contactos, cómplices y personas influyentes, en la economía y en la política, así como la falta de transparencia, o mejor dicho, la opacidad. También los acuerdos casi conspirativos, como en el “insider trading”, el uso de información privilegiada en el mercado de valores, tal como puede verse en los juicios que están teniendo lugar ahora en Nueva York. En esos juicios se han usado métodos como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada clásica, lo que también es un fuerte indicio de que hay elementos comunes. Los intentos exitosos de influir en la política y los medios de comunicación son fenómeno común a la delincuencia organizada y a una parte de la industria financiera. Evidentemente, no todo banco es una organización criminal, pero si que hay bancos, y en Alemania también (el caso del HSH Nordbank), que han utilizado medios técnicos y falsas sospechas para implicar y aislar a sus adversarios. Todo esto ya es mucho, pero no es todo, y muestra que esas intersecciones funcionales y estructurales existen, y que la aproximación entre sectores de la industria financiera y la criminalidad organizada es considerable.

¿Hay en Europa diferencias entre países del norte y del sur?
Yo diría que no. Hay diferencias culturales y según la situación económica diferentes posibilidades de actuar. Seguramente también hay factores singulares en el comportamiento, pero los principios son los mismos: la firmeza, la brutalidad y el desprecio por el bien común: esto se ve tanto en el norte como en el sur.

¿Por qué no es delito la destrucción de capital ajeno?
De este problema habló, con buen sentido, el Presidente Federal, Christian Wulff, cuando era presidente del gobierno de Baja Sajonia. Dijo que la destrucción ilícita de capital debería ser reconocida como delito. No existe como ley, pero tenemos otras figuras delictivas, como la prevaricación, el fraude o la dilación de insolvencia, y hay un gran número de reglas, por ejemplo en la ley de comercio con valores… La ley prevé muchos casos, pero no su persecución penal. Esto tiene muchas razones. Ahora se han puesto en marcha algunos juicios interesantes, por ejemplo el reabierto contra el Sr. Landowsky (Klaus-Rüdiger Landowski, político de la CDU de Berlín acusado de prevaricación en relación con la emisión de fondos inmobiliarios), tras la apelación al Tribunal Constitucional. La cuestión en ese juicio será si se puede considerar prevaricación actuar con dinero de los inversores de una forma que pone en gran peligro ese dinero. La especulación puede llevar a un nivel de riesgo que puede ser una amenaza existencial. Con la interconexión internacional de los sistemas financieros, la especulación puede llegar a un nivel que ponga en peligro la estabilidad de regiones enteras y de sus monedas, tal como ha sucedido.

¿Podría este caso sentar un precedente jurídico?
Si. Gracias a esa apelación al Tribunal Constitucional ya tenemos un debate jurídico abierto: ¿es conforme a la Constitución la determinación de la prevaricación como hecho delictivo? Muchos consideraron demasiado imprecisa la definición de ese hecho delictivo, pero el Constitucional la confirmó. También confirmó que puede tratarse de delito incluso cuando no hubo pérdida de dinero, sino sólo una exposición tan peligrosa del capital que podía considerarse perjuicio. El tercer punto – y esa es la razón por la que el Constitucional canceló la decisión del tribual anterior – es que el perjuicio tiene que ser claramente definido, lo que no se había hecho. El juicio se reabre para determinar con ayuda de expertos el nivel exacto de perjuicio. Si eso se logra, puede llegar a ser un buen precedente. Pero hay que decir que esta manera de hacer negocios no ha sido el detonante de la crisis financiera. Ahí hay muchos otros factores que son de difícil acceso para el derecho penal…

¿Se trabaja jurídicamente de manera similar en otros países?
En Estados Unidos se está empezando a actuar penalmente contra la especulación, sobre todo contra el uso indebido con información privilegiada en el mercado de valores ( “insider trading”), pero hay que distinguir entre casos como el de Madoff, un esquema de fraude convencional, y las pirámides, o, como decimos en Alemania los “sistemas bola de nieve”. No fue eso lo que desencadenó la crisis financiera, sino, en gran parte, las decisiones políticas de alto riesgo que desembocaron en daños macroeconómicos. Últimamente Estados Unidos está poniendo en el punto de mira con mayor energía que en otros países estas conductas del sistema financiero, cuando hay sospecha de actividad criminal.

RUPTURA DEL CONTRATO SOCIAL EUROPEO

¿Qué consecuencias para la justicia y la democracia puede tener el hecho de que nadie haya sido castigado por desencadenar la crisis financiera?
Graves, porque la gente se da cuenta de que pequeñas camarillas pueden enriquecerse a costa de la sociedad. Porque se crea desigualdad social. En segundo lugar, se crea un problema enorme por la deuda. Los bancos implicados han sido salvados por el dinero del contribuyente, ya veremos por cuanto tiempo, y, evidentemente, esto tiene consecuencias en la sociedad, porque se destruye la relación entre trabajo, rendimiento y éxito. Basta con ser decidido y criminal para poderse dar la gran vida, mientras otros pagan la cuenta o no encuentran trabajo, como los jóvenes en Grecia. Se dejan de cumplir los contratos sociales; se mantiene a un nivel mínimo a los receptores de ayuda social, mientras otros tienen mucho dinero… Todo esto revela la ausencia de equidad y daña el consenso social. Evidentemente, comporta riesgos para la democracia.

¿Cómo ve en general la reacción de la clase política frente a esta crisis?
Totalmente inadecuada. Se ha eludido toda responsabilidad personal y se ha invocado el destino como explicación. Se reconocen errores, pero se presentan como fallos objetivos y no como fracasos personales. Es lo que en Alemania se llama cargarle el muerto a otro (el principio “Schwarzer Peter”). Se buscan salidas aparentemente racionales como la necesidad de salvar a los bancos porque sino, según la teoría del dominó, pueden hacer caer a un sistema económico entero o aparecer riesgos mayores. No veo ni políticos, ni gestores que se hayan presentado como responsables, o a los que se haya pedido responsabilidades. Es un fallo grave.

¿Se puede cambiar esto institucionalmente? ¿Puede la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) hacer algo? ¿Qué agencias serían competentes?
No puedo hablar sobre OLAF. Hay un reto para el Parlamento Europeo, donde comienzan a arrancar los debates, y para los gobiernos europeos. Tiene que cambiar la visión básica sobre métodos y metas del actuar económico. Habría que legislar a diferentes niveles, sobre todo el abanico de la vida económica; cuestiones de derecho de sociedades, de responsabilidad, de insolvencia, sistemas de detección precoz, sobre la política común en una unión monetaria. Además, están las grandes diferencias de intereses entre países, digamos, como Grecia e Inglaterra… Todas estas cosas sólo se pueden afrontar con un enorme consenso político. Es una de las tareas más difíciles de la modernidad política, pero si no se intenta aparecerán fuerzas que transformarán la Unión Europea. En Alemania o en Austria ya crece de manera dramática el escepticismo frente a la Europa institucional…

EL ‘CAPITALISMO RENANO’ “YA NO EXISTE”

¿El poder de los lobbys financieros es un grave problema en Bruselas?
La industria financiera forma uno de los grupos mejor organizados y disciplinados, puede que sea la fuerza principal. Es así en todo el mundo, no es sólo un problema europeo. En Estados Unidos se puede ver de manera muy preocupante.

Como autor de un libro sobre la “Mafia financiera”, ¿se siente en libertad en su puesto de trabajo en Bruselas?
Es una pregunta difícil. Digamos que desearía más comprensión sobre la legitimidad de mis preocupaciones. Es una respuesta muy diplomática, ya lo sé, pero si ha sabido leer entre líneas la introducción de mi libro, sabrá por experiencia lo que quiero decir…

Aquí su frase más significativa es ese “entre líneas”. Tomo nota. ¿Se puede hablar todavía de un “modelo Alemán”? ¿De un “capitalismo renano”?
Si por capitalismo renano se designa un capitalismo social que busca consenso, ya no existe. Con la apertura de Alemania a la industria financiera mediante la ley de modernización de 2004 del gobierno roji-verde (la coalición del SPD con el Partido Verde), se contribuyó a la demolición de ese capitalismo social. Se dio por bueno todo lo que ocurría en Irlanda, Londres, en Wall Street o en Luxemburgo, y se declaró que eso era lo moderno, que la industria financiera creaba puestos de trabajo y contribuía al PIB, y que teníamos, por tanto, que abrir el mercado alemán a los “hedge funds”, etc. Ahora quizás se ve que no todo lo que se tomó como modelo era bueno.

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